La absolución de Menem y sus cuentas pendientes

A Menem se le escapa apenas una sonrisa cuando escucha el fallo del Tribunal Penal Económico Nº 3, que decidió dejarlo absuelto en el caso de la “venta ilegal de armas” junto a otros diecisiete imputados, entre ellos su ex ministro de Defensa Oscar Camilión y su ex asesor y cuñado Emir Yoma. La decisión del tribunal, que ha dejado asombrado hasta al lector más distraído, será apelada según lo explicó el fiscal Mariano Borinsky.

Sin embargo la absolución, en este caso, no bastará para que la gente recuerde a la administración menemista como la fase final del plan económico que la dictadura militar iniciara en el año 1976 con el objetivo de cambiar la estructura económica del país en detrimento de los sectores populares. Por el contrario la amplia literatura que abunda al respecto confirma que Menem, sus funcionarios y quienes le siguieron durante el gobierno de la Alianza, deberían rendir cuentas hoy a la sociedad por los años de atraso económico, el endeudamiento externo, por el proceso de desindustrialización, o por sumergir a las dos terceras parte de la población en la pobreza y por debajo de esa línea.

De ese país quebrado, cuya cara más visible fueron los sucesos de diciembre de 2001, todavía nadie rindió cuentas. El tráfico de armas, o su venta ilegal, se inscriben en ese marco. Hay víctimas en la localidad cordobesa de Río Tercero que esperan una respuesta de la justicia por la explosión de la fábrica militar, pero también están las víctimas que dejó el plan de convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado.

La valorización financiera, en desmedro de los planes de industrialización, del crecimiento del mercado interno con distribución equitativa de la renta, o de la sustitución de importaciones a través de las fabricaciones nacionales, no tuvo marco legal que le pusiera límites. Nadie pagó por ello en la justicia.

En ese sentido vale la pena rescatar la columna del periodista Horacio Vertbitsky que el diario Página 12 publicó el domingo 11 de septiembre. En ella da cuenta de la presentación del libro de José Massoni, quien fuera el primer presidente de la Oficina Anticorrupción, entre 1999 y 2002. En el mismo, cuyo título es Estado de la corrupción en la Argentina y en el mundo, 1990-2011, destaca que a partir de 1989 Carlos Menem fue “el estandarte de un fenómeno político y social nunca sucedido en la historia argentina: que tomara el poder total el capital dominante en el país y en los centros de poder internacional” y agrega al referirse al proceso de privatizaciones del capital social acumulado a lo largo del siglo XX que se trató de “una perversión total, un saqueo de los bienes de los argentinos, una operación de corrupción monumental, de dimensiones inimaginables”.

Pero además Massoni profundiza su análisis dejando entrever, que es necesario dimensionar la sanción que debería caber a quienes toman decisiones de gobierno de fuerte impacto negativo en la sociedad. Verbitsky señala que Massoni en su libro dice lo siguiente: “No entran en la lista de los actos transparentes y honestos quitarles de un plumazo a los asalariados, mediante un úcase dictado entre gallos y medianoche, dos tercios de sus ingresos en beneficio directo de los empleadores; ni licuar los ahorros de los pequeños y medianos ahorristas en beneficio de los grandes bancos nacionales y extranjeros”. Estos fueron “monumentales actos de corrupción masiva perpetrada desde el poder y, por ende, absolutamente impune”. Terminada la política de privatizaciones neoliberal “dejó de existir la insuperable fuente de corrupción que ella constituía por sí misma”.

Allí reside una de las claves para revisar el pasado reciente de la Argentina. Quienes viven en la región de La Plata, Berisso y Ensenada saben de ello. El impacto negativo que generó en la región el proceso de privatizaciones que afectó a la industria petroquímica es un dato poco estudiado. La proliferación del cuentapropismo, de la economía informal, junto al creciente número de pobres e indigentes, fueron la contratara de una zona caracterizada por contener a una de las porciones más dinámicas de la clase trabajadora industrial. Altos grados de capacitación y organización sindical, fueron sus grandes atributos, los que luego fueron sustituidos por la apertura de los negocios de “todo por do pesos” sostenidos a través del esquema 1 a 1.

La decisión de la justicia no es un mensaje tranquilizador a la administración de Cristina o a los que pudieran sucederla, como piensa en su columna política el periodista Eduardo Van Der Kooy, es más bien el fallo errático de creer que Menem y sus funcionarios solo podrían ser sentados en el banquillo de los acusados por la venta ilegal de armas.

Menem todavía tiene que rendir cuentas a esta sociedad por sumergir al país en el más infame de los atrasos. Pero también quienes vieron en Menem un instrumento para la búsqueda de sus metas económicas. Y en ese sentido, las compañías que hicieron pingues negocios con la especulación financiera, la fuga de capitales, o transfiriendo una deuda externa privada al estado nacional, todavía no dieron explicaciones.

Considerar que el fallo de la justicia implica la “menemización” del “kirchnerismo”, o una suerte de devolución de favores a quien podría reconvertirse al kirchnerismo para buscar una banca en el senado, es una ofensa a la razón, a los datos de la realidad y a quienes creen que la política para un estado-nación soberano se construye en el largo plazo, tomando medidas de gobierno saludables para el conjunto de la población y devolviendo la dignidad a quienes la perdieron. En ese marco las elecciones primarias, en las que Cristina Fernández se impuso cómodamente con más del 50% de los votos, han dado una dura lección a quienes auguraban el fin del proceso político abierto en el año 2003. Pero algunos, evidentemente, tienen que volver a repasarla.