El caso Milani, Cecilia Viñas y las recomendaciones del CELS

Que el proceso político argentino que conduce Cristina Fernández tiene contradicciones, ya nadie lo duda. Y que ellas son mucho menores que aquellas que anidan al interior de las fuerzas políticas de la oposición, tampoco.
Y es que en el seno del gobierno nacional, esas contradicciones son el resultado de las diferencias de interpretación que las distintas organizaciones políticas, que fueron conformando el espacio Kirchnerista,  tienen sobre la etapa política o sobre los debates que a diario constituyen la agenda nacional, sin que ello signifique que un número nutrido de esas organizaciones pujen al interior de un estado claramente en disputa. No es nocivo en sí, es parte de las tensiones propias de un espacio en construcción y revisión.
El caso del oficial Milani es quizás el síntoma, o el emergente, de las diferencias que coexisten en la política oficial sobre algunos asuntos de estado. No es una chicana, como la han planteado los medios de alcance nacional, sino la lectura que emana con solo ver el tratamiento que el tema ha tenido en los medios.
En ese sentido vale la pena destacar como fue reflejada la posición planteada por el CELS sobre la cuestión Milani. Algunos diarios de alcance nacional presentaron el tema como el inicio de un cisma del organismo con el estado, cuando en realidad era una respuesta a un pedido que hizo el Presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional y una consideración para que el ascenso del militar sea rechazado. En la misiva, dirigida al senador Marcelo Guinle, el CELS expresa: “Nos dirigimos a usted para ampliar nuestra respuesta a su consulta sobre el pliego de ascenso militar correspondiente al mensaje del Poder Ejecutivo Nº 857 (Expediente PE-97/13), relativo a MILANI, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús (DNI: 11.114.169)”. Es decir la respuesta a un pedido de datos concretos sobre el accionar de Milani en tiempos de la dictadura militar.
De hecho en la misiva el CELS señala que la entidad “no poseía en sus archivos información fehaciente que diera cuenta de la participación de Milani en delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura o en acciones contra el orden democrático”, pero retoma el tema explicando que con posterioridad, a una presentación realizada el día 14 de julio de este año, continuaron la investigación y hallaron información que “vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad”. Y luego agrega que esa “información obraba en expedientes judiciales  y  en actuaciones administrativas provinciales y nacionales, de las que el Ministerio de Defensa nunca fue informado, por lo cual en tres oportunidades anteriores solicitó el ascenso de Milani a distintos grados como oficial superior”.
Si el cronista no leyó mal, el CELS, con la firma de su presidente Horacio Verbitsky, está diciendo que “el Ministerio de Defensa nunca fue informado” por el resto de los organismos y poderes del estado y que por ello pidió en tres oportunidades el ascenso de Milani. Aquí cabe destacar dos cuestiones. Primero: si Milani llegó a donde llegó en su carrera militar, es porque de 1983  a esta parte o pasó desapercibido, o los organismos estatales de distinto signo y color hicieron la vista gorda sobre el tema. Segundo: si Milani estuvo cerca de la posibilidad de ascender en su carrera es porque esos organismos no advirtieron sobre su pasado quizás por error, impericia, omisión voluntaria o mala intención lisa y llana.
La respuesta del CELS, como los sostiene su propio presidente, está vinculada con una posición que el organismo defensor de los derechos humanos ha mantenido durante el proceso político iniciado en el año 2003. Y ello no significa acompañar en forma ciega y cerrada aquellos proyectos con los cuales no concuerda, sino acompañar críticamente las iniciativas que se debaten en la sociedad. Por eso la respuesta a esa consulta fue categórica. Y la contestación de la presidenta sobre las diferencias respecto de la sugerencia del CELS también: “Tienen todo el derecho a tenerlas, hemos estado en desacuerdo en otras oportunidades, tampoco es para hacerse los rulos, como dije alguna vez”.
Sobre el caso Milani, Horacio Verbitsky había escrito el  domingo 21 de julio en una columna de opinión del diario Página 12: “Si diera un paso al costado favorecería el alegado propósito de defender su trayectoria y su buen nombre, lo que no le resultará difícil ante los indolentes sistemas judiciales de La Rioja y Tucumán, pero sin afligir en el empeño al gobierno que hizo de la defensa de los derechos humanos su bandera. No para debilitar sino para fortalecer esa política que distingue a la Argentina y a su gobierno en el mundo”. La posición es clara.
Este cronista apela a su memoria para recordar el caso de Cecilia Viñas de Penino. Secuestrada por la última dictadura militar, estuvo en cautiverio por lo menos hasta marzo de 1984. Raúl Alfonsín ya había asumido la presidencia de la nación y Cecilia Viñas comenzó a mantener contacto telefónico con su madre desde octubre de 1983 hasta el año siguiente. En sus llamadas telefónicas Cecilia Viñas le decía a su madre que ella y un grupo de sobrevivientes estaban “vivos y seguían”  secuestrados. Tras una denuncia de los organismos de derechos humanos, Antonio Trócolli, responsable de la cartera de Interior del gobierno de Alfonsín, puso la investigación en manos de Coordinación Federal, es decir la cabeza en las fauces del león. Cecilia Viñas nunca apareció y quedó su grabación como registro de que al menos un centro clandestino de detención continuó funcionando a comienzos de la democracia. El hijo de Cecilia Viñas fue apropiado ilegalmente por el Capitán Jorge Vildoza, quien está prófugo desde 1984 y de quien no se sabe si está vivo en el exterior o murió definitivamente como hace poco tiempo lo reveló el propio hijo de Cecilia Viñas, y su esposo Hugo Reinaldo Penino (también desaparecido), Javier Gonzalo Penino Viñas.
Sobre el accionar militar en tiempos de la dictadura y en democracia, sus secuelas económicas, la complicidad de la sociedad civil, los efectos sobre el conjunto de la población, sigue siendo materia de investigación de una parte importante de la sociedad. Todavía queda por hacer.

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