El Estado también tiene políticas para los sectores medios. Y las
tiene en la medida en que avanza con aquellos proyectos, cuyo destino es
atender las necesidades del conjunto de la población a través de
iniciativas como la de la Ley de Fertilización Asistida. Al igual que la
ley de matrimonio igualitario, o identidad de género, se trata de
derechos ciudadanos que profundizan el sistema democrático y que tienen
como correlato un impacto distributivo de riqueza, porque ahora pobres y
ricos podrán hacer el tratamiento médico sin la necesidad de
desembolsar los 25 mil pesos promedio que cuesta el tratamiento médico.
La iniciativa, aprobada por el Congreso Nacional, establece que los
“procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida” serán incluidos en el Plan Médico Obligatorio
(PMO), del mismo modo que “los de diagnóstico” y “terapias de apoyo”, y
sin limitaciones por orientación sexual o estado civil.
Convertida en Ley, la normativa se complementaré en poco tiempo con
el nuevo Código Cívil que discuten los legisladores y el que contempla
avances importantes en el Derecho de Familia, como el reconocimiento de
la existencia de “familias ensambladas” con padres y madres “a fin”.
El estado nacional ha recibido críticas por derecha e izquierda
cuando avanzó, por ejemplo, en políticas como las de “Conectar
Igualdad”, una iniciativa a través de la cual los sectores más
vulnerables y medios en edad escolar recibieron una netbook destinada a
equiparar las asimetrías tecnológicas. Cuando este proyecto se puso en
marcha, los sectores de mayores ingresos cuestionaban por lo bajo la
“injusticia” de que se les diera una computadora portátil a quienes iban
a hacer una utilización banal de las mismas, sin siquiera imaginar la
posibilidad de que el acceso a Internet es la posibilidad de acceder al
mundo de la cultura, el trabajo y la formación, y por ende de mejorar la
calidad de vida de la población.
El estado autoritario que tanto cuestionan algunos sectores de la
población, hoy vuelve a dar cuenta de las necesidades de ese segmento
crítico del gobierno nacional. Atiende, sin distinción, al conjunto de
los matrimonios que apuestan al fortalecimiento del núcleo familiar. Ya
no será necesario pensar en un crédito personal, o el endeudamiento con
amigos y familiares, para la búsqueda de un hijo. Tampoco habrá que
lidiar con las prepagas para el reconocimiento del deseo de ser padres,
porque ahora “La ley es”.
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